La amenaza del proyecto
de explotación minera a cielo abierto en el cerro del Jumil, municipio
de Temixco, Morelos, denunciada la semana pasada ( La Jornada, 8/2/13),
es sólo la punta del iceberg de otras seis concesiones adyacentes que
los gobiernos panistas otorgaron a la Esperanza Resources Corporation,
entre marzo de 2002 y agosto de 2009, renunciando a consideraciones
nacionales de carácter estratégico. En su conjunto, estas concesiones
comprenden una superficie de nada menos que 15 mil 25 hectáreas, en las
que se han encontrado yacimientos de oro y plata, principalmente. Todo
indica que este proyecto, de iniciarse la etapa de explotación como está
planeada, a partir de 2014, constituiría un grave daño a la salud, al
medio ambiente (flora, fauna, recursos hídricos, etcétera), al
patrimonio cultural y, en suma, a la vida toda de la región al sur de
Cuernavaca, capital del estado. Esto significa que no son sólo los
ciudadanos de Tetlama y el área circundante quienes deberían estar
movilizados en contra del capital minero depredador, sino también
quienes habitan las densamente pobladas zonas aledañas.
En el NI 43-101 Technical Report, elaborado por expertos de Golder
Associates Inc, de fecha enero de 2012, se presenta una evaluación
económica preliminar del Proyecto Cerro del Jumil, sustentado en
investigaciones en el terreno, 9 mil 469 metros de perforación, el
análisis metalúrgico de aproximadamente 18 toneladas de material de
superficie coleccionado de localizaciones múltiples, así como el
estimado de costos de instalación y operación. Permeados de la
mentalidad imperial y el reduccionismo economicista propios de estos
empleados de las trasnacionales, los autores hacen sus análisis
prescindiendo de todo contexto social, político o cultural en los que el
proyecto está inserto; para ellos, el espacio territorial es una propiedad minera
( mining property), de
la que es necesario dilucidar el eventual monto de la inversión,
confrontándolo con los beneficios probables. Así, se reporta obtener un
estimado de más de un millón de onzas de oro y otros tantos de plata,
con una inversión de no más de 332 millones de dólares por los seis años
que calculan duraría la operación minera. Negocio redondo.
Naturalmente, estos proyectos económicos de corte neocolonial no
podrían llevarse a cabo sin la obsecuente ayuda de los colaboracionistas
mexicanos, quienes en su papel de encargados del Ejecutivo federal en
turno, legisladores de-qué-importa-qué-partido, funcionarios de los tres
niveles de gobierno, consultores, expertos, abogados, comisariados
venales de bienes comunales y ejidales, facilitan al máximo y en
condiciones vergonzosas la entrega de concesiones por 50 años
prorrogables –ya de 26 por ciento del territorio nacional–, dan las
autorizaciones para la exploración, hacen los cambios de uso de suelo,
elaboran dictámenes siempre-favorables-a-las-corporaciones, tuercen las
leyes y hacen una simulación de los procesos de información
y consulta
que todavía exigen la Constitución y el marco jurídico.
En esta clasificación de colaboracionismo entra, con todos los
agravantes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), que con el sigilo debido para no provocar la presencia de la
prole (¡siempre proclive al desorden!) organiza una consulta pública (sic) del proyecto Mina Esperanza, Tetlama, Morelos
, a partir del 11 de enero de 2013, y convoca a
las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y
productivas, organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general
(sic), a participar en la reunión pública de información
, acerca
del proyecto promovido por la Esperanza Silver de México, SA de CV, y
que se llevará a cabo el 21 de febrero de 2013, en las instalaciones de
la Ex Hacienda de Temixco, Morelos.
Es inaudito que Semarnat, a estas alturas, lleve a cabo una consulta
pública-clandestina para legitimar a una corporación minera, depredadora
de todo entorno vivo, a la que le regalan miles de hectáreas del
territorio del segundo estado más agredido ambientalmente en toda la
República, después de Tabasco; que se llevará todo el oro y la plata al
extranjero, dejando a su paso desolación y muerte, como lo hicieron los
conquistadores ibéricos durante la Colonia.
Los tiempos diferenciados y discriminatorios de participación, los procedimientos para presentar ponencias
con previa entrega de los textos, para control y censura de su contenido, las desmesuradas reconvenciones al orden para el ejercicio de participación ciudadana
que se encuentran en la convocatoria de la Semarnat, son funcionales
para los fines y beneficios de la corporación minera, y para el
cumplimiento espurio de leyes y reglamentos. Mientras los funcionarios
de la minera tienen hora y media para presentar su proyecto, un representante que designe la comunidad indígena de Tetlama
cuenta con 15 minutos, retaceados por un moderador parcializado. Pero, eso sí, la participación se concede en
cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
(OIT)
, el cual ciertamente mandata el derecho a la consulta, pero
ésta deberá ser hecha a los pueblos a través de sus órganos colectivos
de decisión y deberá ser previa, libre e informada. En Tetlama no ha
habido ninguna asamblea del conjunto de los ciudadanos para decidir
colectivamente sobre la presencia de la empresa minera, la cual ya está
entregando dinero a comuneros y empleando a 60 de ellos en trabajos de
exploración. ¿Por qué se silenció tal encuentro en las comunidades
circunvecinas adversas a la iniciativa? ¿Cuándo se hicieron las
consultas para aprobar que la exploración, explotación y beneficio de
los minerales o sustancias a que se refiere la Ley Minera sean de
utilidad pública, y preferentes sobre cualquier otro uso o
aprovechamiento del terreno?
El respeto a las tradiciones comunitarias y su responsabilidad de proteger el medio ambiente han quedado fuera del horizonte maiceado de la Semarnat.
Por Gilberto López y Rivas en La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/15/opinion/025a1pol
